7.1.07

Seis consejeros buscando a quién aconsejar

Estas son algunas conclusiones sobre las opiniones de los consejeros del CNE revisadas en el artículo anterior:
1) Ninguno de los consejeros opinantes está de acuerdo con ésta evaluación por inútil y/o por inoportuna o por ser fruto de un exabrupto presidencial. Ninguno de los consejeros se pronuncia sobre la posición del SUTEP de no ir a la evaluación.
2) Los consejeros concuerdan en que ésta evaluación adolece de defectos técnicos y/o éticos.
3) El consejero Barrera Bazán perteneciente al SUTEP, no opina.
4) Las medidas mencionadas por los consejeros para abordar la solución del problema educativo son:
- Se debe mejorar la condición material del maestro
- Se debe priorizar la puesta en marcha del Proyecto Educativo Nacional
- Se debe dar la nueva ley de la carrera pública magisterial
- Se debe implementar un “Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”
5) Queda en evidencia que el Misterio, o no está pidiendo consejo a los consejeros o que los consejeros no está siendo escuchados. Puesto que el CNE debe opinar de oficio sobre temas concernientes a la educación, tendría que expresar una posición institucional concerniente a esta evaluación, aunque no sea del agrado del ministerio o del SUTEP.

5.1.07

¿Quién le tema a Caridad Montes?

Revisamos las opiniones de 6 consejeros del Consejo Nacional de Educación publicados en el sitio web del CNE.

El consejero Constantino Carvallo sostiene que el Ministerio se equivoca en afligir inútilmente la devastada autoestima de los maestros ya que ellos no son responsables por la grave situación de la educación pública. Esta grave situación es una responsabilidad mancomunada de la sociedad. Afirma además que la evaluación del Ministerio es inútil porque el resultado ya se conoce, y está publicado en numerosos estudios. Cita para demostrarlo los de Webb y Valencia, los de Alcázar y Balcázar y el de Ricardo Cuenca.

De manera que no sólo le parece inútil la evaluación sino que (una evaluación apropiada debería poder medir el vínculo maestro alumno), sino también contraproducente, porque crearía depresión y resentimiento en el magisterio y lo enfrentaría a al escarnio de los padres, alumnos y a la sociedad.

Finalmente, nos adelanta el inicio de una agenda para la solución del problema: “Debemos empezar por mejorar la situación real de los maestros”.

La consejera Patricia Arregui sí es partidaria de la evaluación, pero de ésta en particular no espera nada bueno. Duda de las capacidades que se van a medir y de los criterios que se usarán, duda de la apropiada elaboración de las pruebas y de la calificaciones de sus elaboradores. Sospecha apuro, improvisación (lo cual atribuye a un capricho presidencial) y no cree que la evaluación llegue a mostrar algo que no sepamos todavía. Finalmente, sobre lo que se ha dicho respecto a cómo y para qué se usarán los resultados, ella lo considera fantasioso .

La confianza en el examinador es fundamental y para que ésta exista y sea incontestable, Arregui hubiera preferido previa a la evaluación, la implementación un “Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa” y naturalmente confomada por personas incuestionables.

Predice que tanto ministerio como cúpula gremial resultarán desprestigiados y que la relación del ministerio y el profesorado quedará viciada dificultando cualquier posibilidad de progreso en el sector.

En un curioso malabar lógico, la consejera Arregui propone que la evaluación del Ministerio tiene ya defectos procesales que no darían credibilidad a sus resultados. Pero que si se llegara a realizar, estos resultados no serían distintos de lo que ya se conoce.

También deplora que ésta evaluación estorbe el curso de la nueva ley de la carrera pública magisterial.

Curiosamente, ni el consejero Carvallo ni la consejera Arregui mencionan el nombre del SUTEP.

Siendo Carvallo el propietario de un colegio privado, es inimputable de pertenecer al SUTEP. Sin embargo sus coincidencias con al menos una de las principales banderas reivindicativas del sindicato es notoria en lo que atañe a “mejorar la situación real de los maestros”.

Patria Roja, es probablemente el único grupo político de origen marxista que de manera orgánica mantiene vigencia en la vida política nacional desde los años 70, sin que para ello tenga necesidad de recurrir al argumento de la defensa de los derechos humanos. Su influencia se basa más bien en el control político que ejerce férreamente sobre el SUTEP, el sindicato de los maestros del estado. Patria Roja no tiene dudas ni necesita de sesudos estudios para ilustrarse sobre la realidad educativa nacional:

Julio Yovera vocero de Patria Roja en este tema, titula su artículo: "la consigna de los grupos de poder: Acabar con Patria Roja, liquidar al SUTEP" . Patria Roja y el SUTEP se plantean la cuestión de la evaluación en términos de supervivencia política.

Patria Roja, ve la evaluación como un procedimiento hostil de los grupos de poder (los cavernarios de la derecha, los caviares de centro “izquierda”, los anarquistas ultras, los “social demócratas”) para liquidar la SUTEP, y de paso a Patria Roja con el fin de evitar la revolución.

Quien tenga en claro la relación que existe entre el SUTEP y Patria Roja, y de la posición de ambos con relación al proceso de evaluación docente no pueden tener duda:
Aunque todas las objeciones técnicas sobre la evaluación planteadas miembros de CNE fueran subsanadas, el SUTEP seguiría oponiéndose a ésta o a cualquier otra evaluación, activa o pasivamente.

El consejero Nelson Manrique, sí encuentra relevante mencionar al SUTEP en su artículo sobre la evaluación. El también cree en las evaluaciones pero afirma que ésta en particular está viciada y se anima a predecir sus consecuencias nefastas: los maestros quedarán expuestos (con lo que no parece tener dudas acerca del resultado) y serán culpables ante la sociedad, el SUTEP se reforzará, alimentado por el resentimiento de los maestros humillados y se agudizará su antagonismo al gobierno. Como resultado pronostica la parálisis de la inmovilidad.

Manrique también esgrime dudas de alcance técnico, enfatizando en grado sumo que todo este asunto la evaluación no es más que un arrebato presidencial. Habitualmente adverso a Alan García, Manrique basa su opinión en su desconfianza en la ecuanimidad del presidente.

La única salida que considera posible es la creación de un amplio consenso en torno al Proyecto Educativo Nacional elaborado por el CNE

Menos abstracto, el consejero León Trahtemberg, plantea el problema dando más atención al papel del SUTEP. Se diferencia de otros consejeros en admitir en su análisis la naturaleza esencialmente política del SUTEP. Y que la bandera nada oculta con la que encandila a muchos de sus agremiados nombrados es la promesa de estabilidad laboral perpetua, además de obtener mejoras salariales eventuales mediante el ejercicio de la presión bajo la forma de huelgas.

El profesor Trahtemberg habla explícitamente del contenido político de la evaluación tanto para el estado como para Patria Roja. Y expresa con claridad, a diferencia de los otros consejeros, que ninguna mejora en la educación es esperable sin enfrentar al SUTEP. Aunque dice enfrentar y no liquidar, es muy posible que se refiera exactamente a lo segundo, como lo sospecha acertadamente Patria Roja.

Sin embargo, el consejero tampoco es partidario de la evaluación tal como el Ministerio la tiene prevista para el próximo 8 de enero. Dice que es un esfuerzo mal conducido que sólo desgastará al estado en su conflicto con Patria Roja, ya que no hay instrumento legal para que sus resultados sean vinculantes y que más le habría convenido al estado empezar por dar la nueva ley de la carrera pública magisterial que incorpore evaluaciones periódicas como condición para que los maestros continúen ejerciendo el magisterio.

Como Carvallo, también Trahtemberg ejerce el oficio de la filosofía aunque no aparezca en su currículo: el descubre una aporía que descalificaría éticamente la posibilidad de una evaluación: Si la evaluación tuviera resultados descalificantes para los maestros, ¿Cómo podría el estado justificar el continuar confiándoles, aunque fuera por un año más, la educación de los niños?

El consejero Sigfredo Chiroque tampoco está de acuerdo con esta evaluación docente convocada por el ministerio. Halla fallas de “concepción, estrategia y contextualización” (errores técnicos y políticos). Piensa que ya se sabe que los profesores están mal por lo que la evaluación es inútil y sólo tendría sentido como parte de la ejecución del PEN propuesto por el CNE.

Piensa que para ser buena la evaluación: debería estar integrada al Proyecto Educativo Nacional propuesto por el CNE, debería estar técnicamente diseñada y debería estas socialmente concertada (por el MED, el SUTEP, el colegio de profesores y un cuarto integrante: el CNE o la representación de las instituciones de formación magisterial).

Propone que la deteriorada relación de los actores educativos se recomponga mediante el diálogo, con la mediación de alguna institución adecuada.

El consejero Luis Piscoya, epistemólogo, cree que, aun si esta evaluación se ejecutara exitosamente, difícilmente podrá considerarse como inicio del mejoramiento de nuestra condición educativa. Su duda está basada en el análisis de las diversas evaluaciones hechas por el MED en las últimas décadas y su análisis técnico de la prueba de la primera y fallida convocatoria a evaluación (dic. 20) que se filtraron y se publicaron en internet.

Piscoya recuerda que durante el gobierno de Fujimori se realizaron dos evaluaciones a 100,000 docentes que concursaron por su nombramiento con la complacencia del SUTEP. Afirma que tal evaluación careció de seriedad científica y no sirvió para nada bueno ya que el colapso de la educación pública no se detuvo. Lo revelaron así las pruebas PISA el 2001, las mediciones del aprendizaje escolar realizadas por el MED el 2001 y el 2004 y sobre todo la evaluación docente 2002

Piscoya halla en la prueba filtrada, los mismos defectos que en otras evaluaciones fracasadas del pasado (y la intervención del los mismos “especialistas”). A su falta de calidad científica se añade el hecho de que una sola prueba no puede evaluar competencias profesionales de diversos niveles y materias escolares. Afirma que el desdén por la calidad científica en la evaluación, denota interés político en ella y desprecio por el futuro del país.

Objeta, desde el punto de vista ético y cognoscitivo que el operador logístico de la actual evaluación, la Fundación para el desarrollo Agrario, sea ajeno al sector educativo. Dirigida por el agrónomo Wilfredo Lévano Carnero, esta institución sería antigua casería del MED durante los períodos de Fujimori y Toledo, aplicando y calificando pruebas con un historial de contratos millonarios con el MED. El actual sería por 28 millones.

No queda claro si las pruebas en que sí confía Piscoya (PISA, las evaluaciones del aprendizaje escolar 2001, 2004 y la evaluación docente del 2002) tuvieron también como operador a la FDA. Por otro lado, aun tratándose de profesores de diversar materias y niveles escolares, no se podría negar la posibilidad de medir un sustrato común, como por ejemplo la comprensión de lectura, etc.